El Capital

El pacto entre los socialistas y los partidos catalanes se ralentiza por la negativa de ambos a ceder a las exigencias del otro.

Pedro Sánchez ha entrado, quizá, en la recta final de las negociaciones con los distintos partidos con los que pretende asociarse para formar Gobierno por cuatro años más. Hasta el 6 de noviembre, fecha clave antes del debate y posterior votación de investidura, el secretario general del PSOE puede llamar a los líderes de las otras fuerzas políticas. Ayer hizo público su acuerdo de coalición con Sumar y el próximo número en la agenda de Sánchez es el de los partidos independentistas catalanes.

Esquerra Republicana (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat) ya han adelantado sus condiciones al presidente del Gobierno en funciones para formar un nuevo Ejecutivo. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, transmitió hace seis días en el Senado su intención de realizar un referéndum “como el de Escocia”. El país británico votó en 2014 su salida de Reino Unido y concluyó con un ajustado resultado negativo a la propuesta. Esta vez, en la Cámara Alta, el político catalán utilizó la memoria para acordarse de aquel evento, y alegó que la amnistía es el primer paso para ello.

«Nación»

Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo, ha afirmado durante esta mañana que se han mantenido encuentros de gran transcendencia para el desarrollo de los documentos concernientes a la amnistía y que el expresidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, “se descuelga con la exigencia de que el Partido Socialista reconozca a Cataluña como una nación en un documento paralelo al de la amnistía”. Asimismo, ha añadido que “ese es el elemento que está retrasando y encallando las conversaciones”.

La clave de que se busque un texto distinto al de la supuesta “ley de amnistía” estriba en el filtro del Tribunal Constitucional, que, si contempla que hay puntos que no cumplen la constitucionalidad y la legalidad, no admitirá el proyecto de ley. “Por eso quieren blindar la ley de amnistía”, ha seguido Urreiztieta, que ha asegurado que esta condición se redactaría más adelante en un acuerdo político. No obstante, ha admitido que se trata de una condición sine qua non para Carles Puigdemont.

El Consell de la República, entidad privada que fundó Puigdemont tras huir a Bélgica en 2017, ha sacado a la luz los resultados de una votación telemática convocada entre el 17 y el 23 de octubre cuya pregunta era “¿El Consell de la República tiene que promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes?”. Tan solo el 4% de los militantes del Consell han participado en la votación, que ha determinado con un 74,9% que rechazarían la investidura de Sánchez.

Diferencias entre catalanes y socialistas

En la sesión de control al Govern celebrada este miércoles, una parte de los dirigentes catalanes ha mostrado su descontento ante el acuerdo PSOE-Sumar, porque, según dicen, “ellos – Sánchez y Yolanda Díaz– anuncian y Cataluña paga”, aludiendo a que el dinero utilizado para las medidas firmadas proviene de las arcas de la Generalitat y no del Estado español.

Esta mañana, Pere Aragonés ha solicitado explícitamente a Pedro Sánchez que desclasifique los documentos de Pegasus, por la investigación a políticos catalanes, si quiere ser investido. ERC reclama que “se repare el daño ocasionado” y se reconozca que los dirigentes involucrados en el procés “no actuaron de manera delictiva”.

“Sé lo que pide Puigdemont y sé que es intolerable”, ha comentado esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha y barón del PSOE, Emiliano García-Page, y ha agregado que, aunque la parte frágil sea responsabilidad de Puigdemont, “no quiere que España esté pendiente de un mando a distancia desde Waterloo y que en este país nos hagan bailar una sardana política a todos”.