El Capital

El Parlamento encargó esta investigación en marzo de 2022.

El exministro de Educación y actual Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha realizado un estudio basado en las encuestas y entrevistas realizadas a 8.013 personas que declaran haber sido víctimas de abuso sexual cuando eran menores. El análisis detalla el número de casos desde 1950 hasta la actualidad que hay en España en el ámbito de la Iglesia Católica, del familiar y del escolar, entre otros.

Aunque el tema principal de la investigación son los abusos cometidos por la Iglesia Católica, el informe concluye con que el 0,6% de estos delitos los cometen sacerdotes o religiosos católicos, y un 1,13% en el ámbito religioso. Sin embargo, el mayor número de abusos se cometen en el ámbito familiar, seguido de los abusos en la vía pública y en los colegios no religiosos. El 68,9% de los encuestados han reconocido conocer a su abusador, en el 22% de los casos el victimario es un familiar, y en el 6,5% un sacerdote o religioso católico.

El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), ha declarado en sus redes sociales que “las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar”, haciendo referencia a los titulares de algunos medios de comunicación que han informado de que 440.000 personas han sido víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Omella ha lamentado también que se den este tipo de agresiones: “Cada víctima es un drama terrible a la que pedimos perdón y acompañamos”.

Gabilondo ha declarado en una rueda de prensa que ni él ni su equipo querían extrapolar las cifras porque consideran que “no hay nada que extrapolar”. No obstante, varios medios de comunicación han aplicado los 487 casos demostrados por el informe al conjunto de la sociedad, lo que ha resultado en una cifra de casi 1.000 veces más que la ofrecida en el estudio.

El padre Juan Ignacio Merino, sacerdote y párroco en Madrid, declara que “cualquier abuso sexual en la Iglesia es una desgracia, y que hay que investigarlo con toda la fuerza de la ley y la ley canónica”, pero que hay que hacerlo “a través de datos reales, no de una prueba demoscópica”. Ha añadido que “hay una intención de confundir a la gente” y que “se debe investigar con seriedad, que es lo que se está haciendo en la Conferencia Episcopal”. Además, informa que “no se han distinguido bien los tipos de delitos, y se han puesto todos al mismo nivel” y que “lo que no se estudia es el ambiente familiar o escolar”.

La CEE ha convocado una Asamblea Plenaria Extraordinaria en la que participarán numerosos obispos para tratar el informe este próximo lunes. Además, Gabilondo ha pedido que la Iglesia Católica se haga cargo de “la totalidad o una parte sustancial” de las indemnizaciones a las víctimas, y ha pedido que haya un compromiso por su parte.