El 1 de octubre de 2017 se celebró en Cataluña un referéndum de autodeterminación convocado por el Gobierno autonómico. Ese día miles de ciudadanos catalanes salieron a las calles para votar sobre la independencia, en unas elecciones que no estaban autorizadas por el Gobierno de España.
El día 1-O fue un día clave en todo el proceso de independencia de Cataluña, pero fue tan solo el estallido de lo que llevaba unos años fraguándose.
El 28 de junio de 2010, el Tribunal Constitucional (TC) declaró parcialmente inconstitucional el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en 2006. Desde el año 2000, los partidos independentistas habían planteado una reforma sobre el Estatuto de 1979 que consideraban necesaria, y en 2003, el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió que, si ganaba las elecciones, respetaría el Estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña. Las elecciones generales de marzo de 2004 dieron la victoria al Zapatero, que cumplió con lo prometido, y el Estatuto fue aprobado en 2006.
Sin embargo, el Partido Popular recurrió al TC 114 de los 223 artículos que se presentaban, y reunieron cuatro millones de firmas a favor de que el Estatuto fuera votado por todos los españoles. Finalmente, el Tribunal declaró parcialmente inconstitucionales algunos de los puntos del Estatuto, entre los que se encontraba el no reconocimiento de Cataluña como una nación. Que se declarara inconstitucional el Estatuto no fue un hecho bien acogido entre los partidos independentistas.
Llegó el 1 de octubre después de varias semanas de protestas y manifestaciones que comenzaron el 20 de septiembre a favor de la independencia por todo Cataluña. Ese día se trató de hacer una consulta al pueblo catalán que previamente había sido declarado ilegal y que el TC había prohibido que se llevase a cabo. Aun así, el referéndum siguió adelante.
A las 9 de la mañana, abrían los colegios electorales. Los líderes políticos independentistas, encabezados por Carles Puigdemont, presidente de la Generalidad catalana, fueron a votar y animaron a todos los ciudadanos catalanes a seguir su ejemplo. Se empezaron a producir los primeros incidentes, ya que los Mossos d’Esquadra no ayudaron a detener las votaciones, lo que ocasionó que las fuerzas de seguridad españolas, la Policía Nacional y la Guardia Civil, empezaran a actuar, y cerraron 113 colegios y tuvieron que emplear la fuerza para contener a los votantes.
Aun con todo el despliegue policial, cerca de dos millones de personas votaron en el referéndum de autodeterminación de Cataluña. Y el 27 de octubre las fuerzas independentistas firmaron la secesión y el Parlamento catalán declaró unilateralmente la Independencia de Cataluña. Casi momentáneamente, fue suspendida. Y en esos momentos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy pone en marcha el artículo 155 de la Constitución, referido a la obligación de una comunidad autónoma a acatar una ley que no quiere aplicar.
Muchos de los políticos que lideraron el referéndum del 1 de octubre fueron detenidos, juzgados por delitos de sedición y malversación y, posteriormente, encarcelados. No obstante, y tan solo cuatro años después de lo acontecido, el Consejo de Ministros concedió un indulto parcial a los nueve líderes independentistas presos del procés, que cumplían 3 años en la cárcel.
Aunque se les perdonó la pena de prisión, todavía estaban inhabilitados para ejercer en cargos públicos. Además, si cometían un delito grave en los seis años posteriores (desde 2021 hasta 2027), el indulto podría anularse. Y a los que fueron condenados por malversación no se les perdonó ese delito y durante 10 meses tuvieron que pagar una multa mensual.
Las personas que se beneficiaron de los indultos fueron los nueve políticos juzgados e indultados del procés. Oriol Junqueras, líder de ERC y exvicepresidente de la Generalidad, fue condenado a 13 años de prisión por estos delitos, y fue inhabilitado hasta 2031, aunque después de estas reformas salió de la cárcel. El resto de implicados contaban con penas de hasta 12 años en la cárcel, que también fueron perdonadas.
En noviembre de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez presentó una proposición de ley para reformar el delito de sedición, que contaba con penas de entre 5 y 15 años. Fue sustituido por la ley de “desórdenes públicos agravados”, lo que rebajaba las penas de prisión de tres a cinco años. Además, se reformó también el delito de malversación. Aunque las penas por este tipo de infracciones se rebajaron, la inhabilitación de los condenados no lo hizo en la misma proporción.
Sin embargo, no todos los culpables del 1 de octubre del 2017 fueron juzgados. El expresidente de la Generalidad y líder de Junts per Cataluña en 2017, Carles Puigdemont, huyó camuflado en un coche con la ayuda de algunos Mossos d’Esquadra. Esto ocurre poco después de que Mariano Rajoy decidiera aplicar el artículo 155 de la Constitución. Primero huye a Marsella y, posteriormente, a Bruselas.
Aunque se han emitido varias euroórdenes para detener al prófugo, ninguna ha conseguido traer al expresidente a España. El magistrado del Tribunal Supremo encargado de este asunto es Pablo Llarena, que lleva desde 2017 intentando detenerle.
En la actualidad, Puigdemont, está negociando con Pedro Sánchez. A cambio del apoyo de su partido político a la investidura del PSOE, Sánchez ha prometido una amnistía a las más de 3.000 personas implicadas en el referéndum ilegal. Esto es, se olvidarán todos los delitos cometidos no solo por los líderes de la declaración de independencia, sino por todos aquellos que facilitaron que la votación ilegal pudiese llevarse a cabo.
Aunque el presidente de España ha declarado que una amnistía no implica otro referéndum, algunos líderes de partidos independentistas, como Pere Aragonés, actual presidente de la Generalidad por ERC, han dejado claro que si hay amnistía también habrá autodeterminación.
El Capital 
Deja un comentario