El Capital

Las negociaciones del Partido Socialista sobre la amnistía continúan avanzando, ahora con el apoyo de Esquerra Republicana y a esperas del ‘sí’ de Puigdemont y Junts. A través de esta medida, Pedro Sánchez busca los votos necesarios para su investidura como presidente.

Hace unos meses, la amnistía era una medida sin cabida en la política española. Así lo demostró el PSOE y el propio Sánchez antes de las elecciones generales del 23-J. Él y distintos miembros de su partido, como María Jesús Montero o Fernando Grande-Marlaska, tacharon de inconstitucional tanto la amnistía como la autodeterminación en numerosas ocasiones. “El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que, desde luego, este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución Española”, declaró Sánchez el 10 de noviembre de 2022 en el programa Al Rojo Vivo.

Sin embargo, el panorama político actual es muy distinto. Durante la última reunión del Comité Federal del PSOE, el presidente del Gobierno en funciones explicó que no estaba en sus planes impulsar la amnistía “para ahora” y se refirió a ella como una medida “necesaria”. “En el nombre de España, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada”, declaró Pedro Sánchez.

¿Por qué amnistía y no indulto?

La posible aprobación de una ley de amnistía ha abierto un debate sobre la constitucionalidad de la medida, incluso entre figuras importantes del socialismo como el expresidente Felipe González o Alfonso Guerra. Una clave para entender este debate erradica en la diferencia entre el indulto y la amnistía, ambas medidas de gracia.

El indulto exime del cumplimiento de la pena a una persona que ha sido condenada y solo es legal aplicarlo a individuales. Además, el indulto mantiene la condición de condenado, es decir, si comete nuevamente el delito sería reincidente. Por el contrario, la amnistía es un olvido legal, borra el delito por completo y perdona las culpas a personas sin necesidad de una condena previa.

Los críticos de la amnistía defienden que es inconstitucional porque beneficiaría a más de 3.000 personas, los implicados en el 1-O de 2017. Por eso, explican que, a efectos prácticos, la amnistía es igual que un indulto general, una medida prohibida en el Artículo 62 de la Constitución. Sin embargo, sus defensores argumentan que la Constitución no hace una mención específica sobre ella.

Azaña y las amnistías en España

Otro punto en el que se apoyan los defensores de la amnistía es la de Manuel Azaña, en 1936. Esta amnistía eximió de cumplir una pena de 30 años a Lluís Companys y sus compañeros de gobierno. Companys, quien fue presidente de la Generalitat, había sido condenado por un delito de rebelión al proclamar, dos años antes, el “Estat Catalá”.

Sin embargo, estas amnistías presentan diferencias ya que la Constitución de entonces, de 1931, era diferente a la actual y el régimen legal y democrático era distinto. Además, el programa electoral del Frente Popular con el que Azaña ganó las elecciones incluía la amnistía como una medida para llevar a cabo, a diferencia del PSOE.

La de Azaña no es la única amnistía que ha tenido lugar en España. La más importante es la Ley de Amnistía de 1977, parte fundamental de la Transición española, que perdonó los delitos políticos condenados durante el Franquismo.

En 1977, y con la población española ciertamente revuelta después de que el representante de la Unión de Centro Democrático (UCD), Adolfo Suárez, fuera elegido presidente del Gobierno en las primeras elecciones democráticas. Miles de ciudadanos comenzaron manifestaciones, desde el País Vasco hasta Madrid, para pedir la libertad de todos aquellos políticos que habían sido encarcelados durante el régimen franquista, así como miembros de la banda terrorista ETA y del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Los movimientos fueron reprimidos por las autoridades en conflictos que incluso dejaron siete fallecidos y decenas de heridos. La Ley de Amnistía finalmente, y bajo las premisas de facilitar y mejorar la democracia del país, salió adelante el 15 de octubre de 1977. De esta manera, los presos acusados por violar los “derechos de las personas” fueron perdonados gracias a una norma que fue clave para el inicio de la democracia y que se mantiene vigente a día de hoy.