El Capital

Tras las manifestaciones hechas en toda España, los líderes del PP y VOX han arremetido contra Sánchez con el propósito de anular su investidura

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, llegaron el viernes pasado a un acuerdo para que Pedro Sánchez pudiera hacer su investidura. En este acuerdo constaba la idea de proclamar una ley de amnistía, cuya proposición se ha formalizado este lunes y afectaría hasta a 400 independentistas desde 2012 hasta ahora.

Las reacciones no se han hecho esperar. La misma semana del acuerdo la población española mostró su descontento en diferentes ciudades. La más sonada ha sido en Ferraz, frente a la sede del PSOE en Madrid.

Los dirigentes de los diferentes partidos políticos españoles también han dejado clara su postura ante este hecho. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que no se callarán, ya que los beneficiados por la amnistía “han sido perdonados y amnistiados tras cometer graves delitos”. Ayuso ha asegurado que Sánchez “no tiene límites” y que “ningún atropello” quedará sin respuesta.

Por otra parte, el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, ha exigido a Sánchez que “escuche a la calle y convoque elecciones”, especialmente porque la proclamación de la ley de amnistía “no se contemplaba en los programas electorales del PSOE”, al igual que los pactos que ha acordado tanto con Junts como con ERC. Miguel Tellado también ha dicho que Pedro Sánchez debería “irse de este país en un maletero”, con lo que ha hecho alusión a la marcha de Carles Puigdemont en 2017, aunque momentos después ha señalado que se trataba de “un chascarrillo” ante el “engaño masivo que supone el comportamiento de quien se presenta a unas elecciones defendiendo una cuestión y al día siguiente defiende exactamente lo contrario”.

El líder de VOX, Santiago Abascal, también ha dejado clara su opinión en una rueda de prensa, en la que ha asegurado que su partido va a seguir adelante con las manifestaciones “ante la sede del partido golpista”. También ha informado que este martes van a presentar una querella contra Pedro Sánchez y Puigdemont por la comisión de tres delitos: cohecho, usurpación de funciones, ocultación de delitos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. De esta manera, espera paralizar la investidura, que tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre.

Pero no ha sido únicamente la población española, el PP y VOX los que han mostrado su oposición a esta ley. Un centenar de jueces, magistrados y fiscales se han concentrado hoy ante la Audiencia Provincial de Cádiz en protesta de la separación de poderes que se llevaría a cabo con la validación de la ley de amnistía presentada por el PSOE, Junts y ERC. El presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella, ha comentado que este acto lo han llevado a cabo para escenificar su “honda preocupación por lo que está ocurriendo en este país”. También ha apuntado que “España es un Estado de derecho ejemplar y nunca se ha hecho algo así”.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también ha denunciado la proposición porque “es un mecanismo puesto en marcha para facilitar la investidura que no tiene cobertura constitucional”.

Esta negativa ante lo acordado entre Sánchez y Carles Puigdemont también ha sido duramente criticada por el líder del partido socialista en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que se ha manifestado en contra en la reunión del Comité Federal que los socialistas celebraron el sábado en Ferraz. Page ha asegurado que discrepa abiertamente a pesar de los argumentos que han sido expuestos, lo que ha disgustado a varios dirigentes socialistas, como Óscar Puente, que ha afirmado que “la inmensa mayoría” del partido no está de acuerdo con estás críticas.

Pero, aun así, el alcalde socialista de de Antas (Almería), Pedro Ridao, también se ha rebelado contra la Ley de Amnistía. También la ha criticado el exministro socialista, Javier Sáenz Cosculluela, se ha dado de baja en el PSOE, pero antes ha remitido una carta al líder del PSOE en la que ha manifestado su “vergüenza” por los pactos de investidura y donde lo ha acusado de “propiciar un decaimiento de la democracia”. Pero no han sido los únicos en desafiar al partido socialista. El ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Nicolás Redondo Terreros, que fue suspendido de su militancia en septiembre, ha dejado en claro que como dijo en su momento, se marcharía del PSOE si se llegaba a aprobar la ley de amnistía, por lo que está pendiente de enviar una carta donde formalizará su baja del partido socialista.