El Capital

El PSOE ha firmado unilateralmente la nueva ley de amnistía, en la que se defiende el interés general y absuelve de “responsabilidad penal, administrativa y contable” a todos los culpables del procés entre 2012 y 2023

El Partido Socialista ha registrado en el día de hoy, la Ley Orgánica de amnistía por la normalización institucional, política y social en Cataluña. Se trata de la nueva ley de amnistía que elimina toda responsabilidad cautivada entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, día de presentación de dicha ley hacia los líderes independistas y los directores de colegios en los que se celebró el referéndum ilegal. Asimismo, también libera de responsabilidades a los participantes del Tsunami Democratic o los policías que cargaron contra la población catalana el 1 de octubre de 2017.

Esta nueva proposición legislativa contará con la firma de los partidos gobernantes como PSOE y Sumar y sus respectivos socios parlamentarios, caso de EH Bildu, PNV y BNG. Todavía no cuenta con las firmas de Junts o ERC, a pesar de que fueron los partidos con los que se pactó dicha ley. El texto dicta 16 artículos en los que se expone unas negociaciones difíciles y se realiza varias menciones a la Constitución española, en la que se basa la proposición de Ley. “Esta amnistía no puede interpretarse como un alejamiento de nuestro marco legal. Es una herramienta que lo fortalece y mira hacia el futuro, devolviendo al debate parlamentario las divisiones que siguen tensando las costuras de la sociedad”, expone el documento.

Garantía del principio de igualdad

Uno de los motivos mas resaltables del nuevo acuerdo político es la garantía del principio de igualdad. La amnistía se argumenta en dos tipos: La transición de una dictadura a una democracia y resolver un conflicto que tiene origen político. Tras asentar esta base, queda expuesta la medida sólo en el territorio de Cataluña sin excluir al resto de españoles. “El principio de igualdad no implica la necesidad de dar un alcance universal a los efectos de la amnistía, sino a que no existan discriminaciones entre personas que se encuentren comprendidas en el supuesto habilitante de la norma”, alega el texto.

«Esta ley orgánica respeta, por tanto, el principio de igualdad en la medida en que el ámbito de aplicación se identifica de forma objetiva y justificada, de acuerdo a valores constitucionales, y sin que arbitrariamente se excluyan de la misma supuestos con una identidad sustancial». El texto habla de una “mejora de convivencia” así como de una “cohesión social” para favorecer la integración igualitaria de los españoles en su conjunto.

El texto también vela por la correcta prosperidad tanto económica como sociológica de los españoles y se justifica su aprobación con el objetivo de «garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho, y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España».

Defensa de la constitucionalidad

En la proposición de Ley también se apoya la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las leyes de amnistía aprobadas durante la Transición. «El contexto político en el que llega esta amnistía nada tiene que ver con el de la España de 1976 y 1977. Parece razonable entender que el constituyente de 1978 no prohibió la institución de la amnistía porque, entre otras razones, ello hubiera implicado su derogación». Algo que, según afirma el texto, hubiera hecho imposible una sinergia social y parlamentaria. El texto también resalta la importancia del papel de la amnistía en la democracia española. «Todo ello nos permite inferir que la amnistía, lejos de ser una figura inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia española y se presenta como una facultad de las Cortes Generales».

El escrito también se sitúa al margen del presente para retomarse unos cuantos años atrás en el que menciona que sucesos históricos como la Segunda Guerra Mundial han servido para incentivar estas leyes. «Existen otras normas constitucionales de países europeos que, si bien no mencionan la amnistía, como en el caso de Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda o Suecia, ello no ha impedido que se afirmara su constitucionalidad. Desde la Segunda Guerra Mundial se han promulgado más de medio centenar de estas leyes en los citados países, considerando la propia doctrina que una amnistía es aplicable en el Estado constitucional en circunstancias de especial crisis política», dice el texto.

Los agentes que formaron parte de las cargas policiales en el 1-O

En la proposición de Ley, lo primero a lo que alude en cuanto a los policías es que actuaron en defensa de la legalidad y el orden constitucional. Es por ello que la aprobación de esta amnistía no implica una condena a los agentes que intervinieron en «defensa del orden público» pues, según reza el texto, «se persigue aliviar la situación procesal de los encausados y con ello las tensiones derivadas de unos hechos que se enmarcaron en un determinado momento y como consecuencia de las tensiones existentes entonces y a lo largo de más de diez años». En ningún momento, se expone que las fuerzas de seguridad nacional actuaran de manera brusca.

El «lawfare» no se concreta

El supuesto matiz que ha propiciado que el acuerdo de retrasara sobre la fecha prevista, no se ha mencionado en el texto, a pesar de que venía suscrito en el documento pactado entre PSOE y Junts aludiendo que  «en las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto «lawfare» o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». La proposición de Ley recoge la devolución de las fianzas a los amnistiados y prohíbe las restituciones de sanciones e indemnizaciones.

Libertad para los presos

Como otro punto trascendente, la ley admite la puesta en libertad de los políticos condenados por procés, procediendo a su “eliminación de antecedentes penales” y se suprimirán las órdenes de busca y captura nacionales, europeas e internacionales e ingreso en prisión a las personas beneficiadas por dicho decreto.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado que la ley es es «impecable desde el punto de vista constitucional y un paso de gigante para la convivencia en Cataluña». Bolaños ha asegurado que el respaldo del Congreso es el principal justificante para dar solución a la «mayor crisis política sufrida en décadas» y ha afirmado que las instituciones salen reforzadas así como el estado de derecho: «Es una ley que tiene plena cabida en estados democráticos y de derecho, conforme con nuestra constitución».