Los legisladores de la Cámara de Representantes del estado de Georgia aprobaron el pasado mes de febrero el proyecto de ley HB 1105, conocido como la “Ley de Seguimiento e Información de Extranjeros Criminales de Georgia”. Esta ley obligaría a todos los departamentos de policía a colaborar en la identificación, arresto y detención de inmigrantes indocumentados para su deportación.
Desde el inicio de su candidatura, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha revertido algunas restricciones migratorias de la era Trump, pero ahora defiende políticas fronterizas más estrictas.
La propuesta de ley llega después del asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años, el 22 de febrero de 2024. Riley fue reportada como desaparecida por su compañera de cuarto, tras no regresar de correr por una zona boscosa. José Ibarra, un venezolano indocumentado de 26 años, fue detenido y acusado del asesinato de Riley.
La Ley HB 1105 busca establecer nuevas directrices sobre la comunicación entre el personal penitenciario y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) para identificar a personas en situación migratoria irregular. Los sheriffs y jefes de policía local serán responsables de hacer cumplir las leyes federales de inmigración. En caso contrario, los agentes enfrentarán cargos por delito menor.
La norma ha sido impulsada por los republicanos, quienes confían en que impida a los Gobiernos locales promulgar políticas que califican como “santuario” porque impiden cooperar con las agencias migratorias federales para detener y deportar a indocumentados. El proyecto de ley ha pasado al pleno del Senado estatal para continuar su debate y posible aprobación.
Sin embargo, los demócratas han advertido que esta ley provocará detenciones prolongadas, separación familiar y desconfianza hacia la policía en las comunidades de inmigrantes.
El Capital 
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